Archivos Mensuales: octubre 2014

Ocho alimentos que no son lo que parecen

¿Alguna vez te has sentido engañado después de comprar un alimento que, a juzgar por su etiquetado, parecía otra cosa? A continuación puedes ver una relación de ocho productos alimenticios con los que podría pasarte esto.

Pero antes, como siempre, comencemos por el principio…

Leer el etiquetado es fundamental

Como ya habrás oído mil veces, para estar bien informado acerca de lo que compras y para evitar desagradables sorpresas posteriores, debes leer detenidamente el etiquetado de los alimentos. Sin embargo, esto es algo que no todo el mundo hace: según un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura en el año 2006, un 39% de los consumidores nunca consulta el etiquetado de los alimentos, porcentaje que se eleva hasta el 50% en una reciente encuesta publicada por la revista Consumer. Hay que considerar además que no basta con leer; también hay que comprender lo que se lee, y eso no siempre es fácil, ya sea por falta de tiempo, por desconocimiento, por la complejidad de los términos empleados, por las peculiaridades de la legislación que regula estos aspectos, etc. En este sentido no hay que olvidar que en ciertas ocasiones entra en juego además la picaresca que ponen en práctica algunas empresas, utilizando artimañas que, si bien en muchos casos cumplen con la legislación vigente, distan mucho de ser éticas. Quizá una de las argucias más conocidas es la que podríamos llamar “táctica del asterisco”, empleada por ejemplo en el Actimel que produce la empresa Danone.

Aquí puedes ver un ejemplo de la “táctica del asterisco” que se explica por sí solo. Como puedes observar, la famosa coletilla del Actimel (“El desayuno de las defensas”) no se debe a las manidas bacterias L. casei, sino a la presencia de vitaminas B6 y D, que puedes encontrar por ejemplo en el pescado.

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Exoplanetas: el nuevo reto de la astronomía

The big one

Michael Moore a la búsqueda de directores de grandes empresas que tienen unos beneficios considerables, pero en las que el trabajo cada vez es más precario.

 

Wyoming a Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

2 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE MASAS QUE NO DEBES OLVIDAR

GAZZETTA DEL APOCALIPSIS

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Todos somos conscientes de ello: la población está siendo manipulada.

Vivimos inmersos en una constante guerra psicológica a gran escala, en la que la mayoría de la población es conducida como

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Dolores Vázquez, una de las más graves pifias judiciales en la historia de España

1295089331_0Mañana se cumplen 15 años de la desaparición en Mijas (Málaga) de la adolescente Rocío Wanninkhof, cuyo cadáver calcinado apareció, 24 días más tarde, cerca de un club de tenis de Marbella, a 33 kilómetros del paraje donde fue asesinada. Tal vez, el aniversario de un suceso que conmocionó a España pasará inadvertido para algunos de los medios de comunicación que alentaron la histeria popular desatada tras el macabro crimen, una auténtica caza de brujas televisada en busca de culpables. Pero no para Dolores Vázquez, protagonista de una de las más graves pifias judiciales en la historia de nuestro país, a la que el Estado aún no ha pagado un euro de indemnización por los 519 días que pasó en prisión por error.

“Ha transcurrido mucho tiempo, pero Loli sigue estando amargada, muy dolida, porque le han destrozado la vida y ni siquiera le han pedido perdón”, asegura por teléfono una persona muy cercana a su familia. Ese mismo reproche, el de la soberbia de un Estado y una sociedad que han mirado hacia otro lado durante estos 15 años de soledad y sufrimiento, olvidada ya por la jauría periodística que la despedazó en los platós, lo lanzó la propia Vázquez el pasado año en Madrid, durante un acto sobre presunción de inocencia y juicios paralelos organizado por varias fundaciones y universidades. Era la primera vez –y por ahora la única– que Loli rompía su silencio. “Cuando salí de la cárcel, no sé si mi infierno se quedó allí o vino conmigo”, dijo con un hilo de voz.

Condenada en 2001 por un jurado popular a 15 años de prisión como autora material del crimen, pasó casi un año y medio entre rejas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Hasta que, en febrero de 2002, y tras el recurso presentado por su abogado, Pedro Apalategui, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó la sentencia y ordenó a la Audiencia Provincial de Málaga repetir el juicio. El TSJA argumentó su decisión en la falta de motivación del veredicto, la acumulación de meros indicios –ninguno de ellos concluyente– y la influencia que la presión popular y mediática, condenando a Vázquez de antemano, pudo haber ejercido sobre el jurado. Pocos días después, y a la espera del nuevo juicio, salió de la cárcel tras pagar una fianza de 30.000 euros.

Rocío Wanninkhof. (EFE)

“Ella siempre estuvo convencida de que la volverían a condenar, porque sabía que tenía a todo el mundo en contra. Y si no llega a ser porque apareció el cadáver de aquella otra pobre chica…”, recuerdan las fuentes consultadas. Esa “pobre chica” no era otra que Sonia Carabantes, de 17 años, que fue brutalmente asesinada y semienterrada en agosto de 2003 cerca de la localidad malagueña de Coín. Un mes después del macabro hallazgo, la fortuna sonrió por una vez a Vázquez. La novia de un expresidiario británico que vivía en la Costa del Sol, Alexander King, confesó a la policía que, tras la desaparición de Carabantes, encontró unas sospechosas manchas de sangre en la ropa de su pareja.

King fue detenido, y las posteriores pruebas de ADN demostraron que el británico no sólo había matado a Carabantes, sino que también fue el autor de la muerte de Wanninkhof. Una simple colilla le delató: sus huellas estaban en los restos de un cigarrillo que la policía encontró junto al cadáver de la joven de Mijas. En diciembre de 2006, tras el segundo juicio, King fue condenado por el asesinato de Wanninkhof y Vázquez, por fin, quedó libre de cargos. Pero el infierno siguió con ella. Los mismos medios de comunicación que la habían despedazado le ofrecían ahora sumas astronómicas por acudir a programas del corazón a relatar su calvario; la señalaban por la calle, murmuraban a su espalda cuando entraba al supermercado…

Su abogado, Apalategui, inició entonces una nueva batalla legal contra el sistema judicial que había maltratado a su clienta, conflicto que aún hoy sigue abierto. El letrado puso precio a ese maltrato: cuatro millones de euros, frente a los 120.000 euros de indemnización que le ofreció en 2008 el Ministerio de Justicia, en ese momento en manos del socialista Mariano Fernández Bermejo, como víctima de un error judicial. La Audiencia Nacional volvió a desestimar su demanda económica en 2012, y Apalategui apeló entonces al Tribunal Supremo, que aún tiene pendiente de resolver el recurso. El abogado de Vázquez ha declinado hablar con El Confidencial, pero algunas fuentes jurídicas consultadas creen que el fallo puede ser inminente.

Loli vive desde hace tres años en un pueblecito de Inglaterra, relativamente cerca de Londres. “No soportó más la presión y se marchó, porque de niña sus padres, que eran emigrantes gallegos, la llevaron allí”, aseguran fuentes cercanas a la familia. “Muy de vez en cuando vuelve a Galicia a ver a su hermana, pero cada vez menos, para evitar que los periodistas molesten a sus allegados. Probablemente no regresará jamás a España, ni siquiera en el caso de que el Tribunal Supremo le acabe dando la razón y le conceda la indemnización que pide. Pero ni todo el dinero del mundo podrá devolverle la vida que le han robado”.

 

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Beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid

Nombre Cargo Partido / Sindicato Dinero obtenido Media anual
Ildefonso Sánchez Barcoj Exdirector general de Caja Madrid 484.200 € 60.500 €
José Antonio Moral Santín Exdiputado Asamblea de Madrid por IU y expresidente de Tele Madrid IU 456.500 € 45.700 €
Ricardo Morado Iglesias Exdirector de organización de Caja Madrid 448.300 € 56.000 €
Miguel Blesa de la Parra Expresidente de Bankia PP 436.700 € 54.600 €
Ramon Ferraz Ricarte Exconsejero de Caja Madrid 397.000 € 49.700 €
Matías Amat Roca Exdirector general de Caja Madrid 389.000 € 48.600 €
Mariano Perez Claver Exdirector financiero y comercial de Caja Madrid 379.500 € 47.400 €
Enrique de la Torre Martínez Exsecretario general de Caja Madrid 320.700 € 45.800 €
Juan Manuel Astorqui Portera Exdirector de comunicación de Caja Madrid 293.000 € 36.600 €
Mercedes de la Merced Exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eurodiputada del PP y exconsejera de Caja Madrid PP 287.900 € 28.800 €
Carlos Martínez Martínez Exconsejero de Caja Madrid 276.000 € 34.500 €
Carmen Contreras Gómez Exdirectora gerente de la Obra Social 266.800 € 33.300 €
Francisco Baquero Noriega Exconsejero de Caja Madrid CCOO 266.400 € 38.100 €
Estanislao Rodríguez-Ponga Exsecretario de Estado de Hacienda del PP y exvicepresidente y exconsejero de Caja Madrid PP 255.400 € 36.500 €
Antonio Romero Lázaro Exconcejal del Ayuntamiento Madrid por el PSOE y exconsejero de Caja Madrid PSOE 252.000 € 31.500 €
Carlos Vela García Responsable de Crédito a la Empresa de Caja Madrid 249.200 € 49.800 €
Pablo Abejas Exconcejal de Leganés, exdiputado Asamblea de Madrid y exdirector general de Economía de la Comunidad de Madrid PP y expresidente de la Comsión de Control de Caja Madrid PP 246.700 € 35.200 €
Rubén Cruz Orive Exdiputado del Congreso por IU y exconsejero de Caja Madrid IU 233.700 € 23.400 €
Rafael Spottorno Exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores con el PSOE, exjefe de la Casa del Rey y exdirector de la Fundación de Caja Madrid 223.900 € 28.000 €
Ricardo Romero de Tejada Exalcalde Majadahonda PP y exconsejero de Caja Madrid PP 212.200 € 22.900 €
Miguel Ángel Araujo Serrano Exconsejero de Caja Madrid PP 212.000 € 21.300 €
José María de la Riva Exconcejal de Madrid PSOE y exconsejero de Caja Madrid PSOE 208.900 € 20.900 €
Ignacio de Navasqués Cobian Exconsejero de Caja Madrid 195.000 € 19.500 €
Antonio Rey de Viñas Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid CCOO 191.500 € 19.100 €
Ramón Espinar Gallego Exalcalde Leganés, ex presidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero en la Comunidad de Madrid por PSOE y exconsejero de Caja Madrid PSOE 178.400 € 22.300 €
Antonio Cámara Eguinoa Exconsejero de Caja Madrid PP 178.000 € 23.300 €
José Manuel Fernández Norniella Exconsejero de Caja Madrid PP 175.400 € 22.400 €
Carmen Cafranga Expresidenta de la Fundación Caja Madrid y exconsejera de Caja Madrid PP 175.200 € 17.500 €
Javier de Miguel Sánchez Exconsejero de Caja Madrid PP 172.700 € 21.600 €
Ángel Gómez del Pulgar Perales Exconsejero de Caja Madrid PSOE 149.700 € 18.700 €
Rodolfo Benito Valenciano Exconsejero de Caja Madrid CCOO 140.600 € 17.600 €
Alberto Recarte García Andrade Exconsejero de Caja Madrid PP 139.900 € 17.500 €
José María Arteta Vico Exconsejero de Caja Madrid PSOE 139.800 € 17.400 €
Luis Gabarda Duran Exconsejero delegado de Caja Madrid Cibeles 139.700 € 23.300 €
Guillermo Ricardo Marcos Guerrero Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid 133.600 € 13.900 €
Jesús Pedroche Nieto Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid y exconcejal PP 132.200 € 13.200 €
Gonzalo Martín Pascual Exconsejero de Caja Madrid UGT 129.700 € 16.200 €
Juan Gómez Castañeda Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid IU 128.100 € 18.300 €
Francisco José Moure Bourio Exvicepresidente de Caja Madrid PP 127.300 € 25.500 €
Francisco José Pérez Fernández Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid PSOE 122.600 € 15.300 €
Mercedes Rojo Izquierdo Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid PP 119.300 € 18.000 €
Miguel Ángel Abejón Resa Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid UGT 109.300 € 9.900 €
Pedro Bugidos Garay Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid 109.300 € 21.800 €
Juan José Azcona Olondriz Exconsejero de Caja Madrid CCOO 99.300 € 9.900 €
Jorge Gómez Moreno Exconsejero de Caja Madrid PSOE 98.200 € 32.700 €
Gerardo Díaz Ferran Exconsejero de Caja Madrid CEOE 94.000 € 23.500 €
Ramon Martínez Vilches Exresponsable de riesgos de caja Madrid 91.200 € 30.400 €
Rafael Torres Posada Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid UGT 82.300 € 16.500 €
Cándido Cerón Escudero Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid PP 79.200 € 15.800 €
Fernando Serrano Antón Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid PP 78.600 € 13.100 €
Pedro Bedia Pérez Exconsejero de Caja Madrid CCOO 78.200 € 7.800 €
María Elena Gil García Exdirectora general de la corporación de Caja Madrid pp 72.500 € 36.200 €
Alejandro Couceiro Ojeda Exconsejero de Caja Madrid CEIM 70.200 € 17.500 €
Darío Fernández Yruegas Moro Exconsejero de Caja Madrid PP 69.800 € 17.500 €
José Maria Buenaventura Zabala Exjefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda PP 63.000 € 15.700 €
José Acosta Cubero Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid y exconsejero del Ayuntamiento de Madrid PSOE 62.300 € 12.500 €
Beltrán Gutierrez Moliner Gerente PP Madrid y exconsejero PP 58.000 € 19.300 €
Luis Blasco Bosqued Exconsejero de Caja Madrid 51.600 € 17.200 €
José María Fernández del Rio Fernández Exconsejero de Caja Madrid PP 47.800 € 11.900 €
María Enedina Álvarez Gayol Exconsejera de Caja Madrid PSOE 47.000 € 15.700 €
Juan Emilio Iranzo Martín Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid PP 46.800 € 15.600 €
Miguel Corsini Freese Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid PP 46.700 € 15.600 €
Santiago Sánchez Carlos Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y expresidente de Renfe PSOE 46.400 € 15.500 €
José Ricardo Martínez Castro Comisión de la Obra Social de Caja Madrid y exsecretario UGT Madrid UGT 44.200 € 14.700 €
Rodrigo Rato Exvicepresiente del Gobierno y exdirector gerente del FMI y exdirector de Caja Madrid PP 44.200 € 44.200 €
Domingo Navalmoral Sánchez Exsubdirector general de Caja Madrid 43.000 € 14.300 €
Arturo Luis Fernández Álvarez Exconsejero de Caja Madrid (presidente de CEIM) y vicepresidente CEOE 37.300 € 12.400 €
Manuel José Rodríguez González Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid y gerente empresa municipal Boadilla PP 37.100 € 37.100 €
Virgilio Zapatero Gómez* Exconsejero de Caja Madrid y exdiputado *(devolvió el dinero) PSOE 36.000 € 12.000 €
Ignacio Varela Díaz Exconsejero de Caja Madrid y gabinete de presidencia de Zapatero PSOE 35.700 € 17.900 €
Francisco Javier López Madrid Exconsejero de Caja Madrid CEIM 34.800 € 11.600 €
Rafael Pradillo Moreno de la Santa Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid PP 28.600 € 14.300 €
José Carlos Contreras Gómez Exdirector general de Caja Madrid 23.800 € 11.900 €
Joaquín García Pontes Exmiembro de la Asamblea de Caja Madrid PSOE 21.100 € 10.600 €
Ignacio del Río García de Sola Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid PP 21.000 € 10.500 €
Miguel Muñiz de las Cuevas Exconsejero de Caja Madrid Y exgerente ICO PSOE 20.800 € 7.000 €
Gabriel Moreno Flores Exconsejero de Caja Madrid CCOO 20.400 € 2.900 €
Ángel Rizaldos González Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid y militante de IU IU 20.100 € 5.000 €
José Caballero Domínguez Exconsejero de Caja Madrid y alcalde de Alcobendas PSOE 19.800 € 19.800 €
José Nieto Antolinos Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid PP 19.800 € 9.900 €
José Luis Acero Benedicto Exmiembro de la asamblea de Caja Madrid 10.200 € 10.200 €
Jorge Rábago Juan Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid PP 8.000 € 2.700 €
José María García Alonso Exconsejero delegado de Corporación Caja Madrid 1.100 € 1.100 €
Esteban Tejera Montalvo Expresidente de Caja Madrid Seguros Generales 0 € 0 €
Francisco Verdú Pons Exdirector de organización de Caja Madrid 0 € 0 €
Félix Manuel Sánchez Acal Exconsejero de Caja Madrid UGT 0 € 0 €
Íñigo Aldaz Montalvo Exdirectivo de Caja Madrid 0 € 0 €

 

Errores, falsificaciones y manipulaciones en las estadísticas económicas y sociales

La narrativa mediática constantemente utiliza un estilo de lenguaje que intenta sintetizar problemas sociales complejos en indicadores que por su naturaleza simplifican la realidad que intenta describirse. Ello se debe no tanto a una manipulación, sino a las limitaciones en los conocimientos de los que utilizan las estadísticas. En España hay muy pocos periodistas que hayan recibido formación en temas económicos y sociales, lo cual se nota en los grandes déficits que aparecen en la información proveída por tales medios.

Permítanme dos ejemplos. El País publicó recientemente un informe sobre la situación de la sanidad en España, utilizando una serie de indicadores que permitían al lector concluir que la situación no está tan mal como parecería si se atendiera solo a la información proveída por los movimientos sociales que se están agitando por el tema de los recortes del gasto público sanitario. Para llegar a esta conclusión, el periodista de El País comparaba lo que se gasta España en sanidad con lo que se gastan otros países de semejante nivel de desarrollo económico, concluyendo que España se gasta en sanidad una cantidad parecida a la de estos países. Los indicadores que utilizaba, sin embargo, eran insuficientes para llegar a esta conclusión. Coger el gasto sanitario total como porcentaje del PIB en una situación de recesión económica, cuando el PIB (el denominador del índice) está descendiendo, da una imagen artificialmente elevada de la tasa de gasto, pues su aumento se debe no al incremento del gasto (el numerador), sino al descenso del PIB (el denominador). Pero más grave aún que este error es centrarse en el gasto total y no en sus componentes, es decir, gasto sanitario público versus gasto sanitario privado. La gran mayoría de la población utiliza la sanidad pública. Pues bien, España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante desarrollo económico al español) que tiene uno de los gastos sanitarios públicos por habitante más bajos de la UE-15, lo cual ocurre no solo en sanidad, sino en todos los capítulos del Estado del Bienestar. España está a la cola de la Europa social, un mensaje que decididamente no transmitía aquel artículo tranquilizador. En realidad, España se gasta mucho menos en sanidad pública de lo que debería gastarse por el nivel de riqueza económica que tiene, situación que ocurre en todos los servicios públicos del escasamente financiado Estado del Bienestar español. Una consecuencia del bajo gasto sanitario público es que España tiene el mayor gasto sanitario privado, habiéndose creado un sistema polarizado por clase social, de manera tal que el 30% de renta superior de la población utiliza la sanidad privada, y el restante 70% utiliza la sanidad pública. Este sistema es poco eficiente y escasamente eficaz, pues, aun cuando la sanidad privada es mejor que la sanidad pública en atención al usuario, confort y listas de espera, la pública es mucho mejor en calidad y riqueza tecnológica que la privada. De ahí que aconseje al lector que vaya a la pública si está enfermo de verdad. Lo que España debería tener es un servicio público de salud que tuviera las comodidades de la sanidad privada junto con la calidad de la pública, pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el existente.

Otro error metodológico que subestima el nivel de pobreza en un país

Otro ejemplo de distorsión de la realidad mediante el uso de estadísticas es la definición de pobreza. Esta se puede definir de muchas maneras. Una de las mejores maneras de hacerlo es, como lo hace el gobierno estadounidense, definiéndola en base al nivel de ingresos que una familia debería tener para mantener un nivel digno de consumo definiendo cada uno de los términos utilizados en tal definición). Siguiendo este criterio, el gobierno de EEUU concluye que el 15% de la población estadounidense es pobre. Y puesto que este porcentaje ha permanecido casi constante, se concluye que esta población estancada en la pobreza es la misma durante todo el periodo de análisis, diseñándose a partir de ahí toda una serie de políticas para ayudar a ese 15% a salir de la pobreza. Esta es también, por cierto, la manera como se define la pobreza en muchos países, y la mayoría de medidas –como la renta básica- que están orientadas a ayudar a la población a que salga de la pobreza se basan en esta concepción de dicha pobreza.

El problema con tal definición (y con tales medidas) es que se mide el porcentaje de la población que en un momento determinado es pobre (o se autodefine como pobre). Pero no se considera la totalidad de pobres en un periodo, como por ejemplo, todo un año. Es decir, la cifra del 15% es una fotografía de un momento determinado pero, como toda fotografía, la imagen que transmite es estática. De ahí que no recoja lo que ocurre en la población.

Ahora bien, cuando se analiza la pobreza durante todo un año, comparando cuánta gente no solo está, sino que ha estado en situación de pobreza durante ese periodo, se puede ver que en EEUU nada menos que el 40% de la población (de entre 25 y 60 años) ha estado en situación de pobreza. Esto muestra que la pobreza no es un problema minoritario que afecte solo al 15% de la población, sino que es un problema que incluye a casi la mitad de la población, es decir, un problema mayoritario.

De esta realidad se puede concluir que la pobreza está en todas partes, pues existe, silenciosa y silenciada, en casi todos los barrios de una ciudad y de un pueblo, y no solo en los barrios “pobres”. La pobreza es un problema de casi el 40% de la población, lo que indica que el riesgo de pobreza abarca a la gran mayoría de ella. Este hecho queda enmarcado en la manera como se define el nivel de riqueza o pobreza de un colectivo como, por ejemplo, un país. El gran crecimiento de las desigualdades, que caracteriza el tiempo que vivimos, ha quedado oculto debido a los indicadores de desarrollo económico de los países, medido por el PIB per cápita, indicador que no detecta el enorme crecimiento de esas desigualdades. El país más rico del mundo, Arabia Saudí, tiene uno de los porcentajes de población en situación de pobreza y en riesgo de pobreza más elevados del mundo. Ahora bien, el 1% de renta superior tiene un nivel de riqueza tan elevado que el promedio da una imagen falsa del país. Y esto es lo que ocurre también en EEUU y en España, dos de los países con mayores desigualdades hoy en la OCDE.

En EEUU, el 10% más rico de la población posee el 77% de toda la renta del país, y el 90% restante tiene solo el 23% de la renta nacional. Cuando se utilizan los indicadores tradicionales basados en promedios, estos nos dan una imagen falsa de la auténtica distribución de las rentas. Y esta es la situación que queda oculta cuando se comparan niveles de vida entre países. Esta comparación es irrelevante, si no se hace por sectores o por clase social en el país, lo cual casi nunca sucede. En realidad, incluso la categoría de clase social ha desaparecido. Y no ha sido por casualidad, sino como parte de un proyecto político promovido por las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan el panorama mediático del país.

 

Fuente

José Luis Sampedro entrevistado por Iñaki Gabilondo

TTIP, la dictadura escondida de las corporaciones transnacionales

no-ttipNo se ha informado nada ni se comenta públicamente, pero los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos negocian en absoluto secreto desde hace más de un año un tratado de libre comercio e inversiones. Lo de libre comercio es una entelequia porque los aranceles de exportación-importación ya son bastante reducidos. La clave está en las inversiones. Casi inexistente para prensa, radio y televisión, sólo las grandes empresas multinacionales y los lobbies saben con detalle lo que se cuece en la oscuridad.

El Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés, es un acuerdo de gran alcance, el mayor hasta la fecha en tales acuerdos. Es así porque EEUU necesita a la vieja Europa para hacer frente a China y aislar a Rusia. Para crear el mercado más grande del mundo, un mercado de más de 800 millones de consumidores. Y las élites de Europa creen que en ese tratado, en el TTIP, está el camino de salvación del crecimiento.

 

¿Que pretende el TTIP? En realidad, lo que busca con desespero es eliminar las normas reguladoras, las barreras reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a sus inversiones y como quieran hacerlas.

 

En América Latina, en los noventa, EEUU quiso crear un área de libre comercio con Centroamérica y Sudamérica. Con el señuelo del libre comercio que todo lo enriquece, ese multilateral tratado era simplemente imponer el credo neoliberal del Consenso de Washington que hoy, tras más de veinte años de sufrirlo, sabemos que conduce al desastre de una gran mayoría ciudadana y de la clase trabajadora. Porque lo que pretendía y pretende EEUU, y también la muy neoliberal Unión Europea, es aplicar rígidamente  las políticas neoliberales de desregulación, ausencia de control, rebajas fiscales y privatización de todo lo público en beneficio de la élite económica y financiera.

 

Cuando EEUU renunció al tratado multilateral con Sudamérica y Centro América, por las protestas,  la movilización de activistas y posturas de algunos gobiernos, EEUU negoció y firmó tratados bilaterales con Colombia, Perú, Chile y con México y Canadá, el NAFTA. Como dan fe las hemerotecas y archivos, este último tratado tuvo devastadoras consecuencias para agricultura e industria mexicanas, se destruyeron millones de empleos en México y Estados Unidos y ese tratado solo benefició de verdad a grandes empresas de ambos lados, al tiempo que provocaba una intensa y abundante migración hacia EEUU y limitaba las posibilidades de desarrollo de México.

Según un estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López “no hay evidencia alguna de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Pero sí de lo contrario.

 

La razón de ser de los tratados, aunque los maquillen o disfracen, es apoyar sin fisuras a las empresas en los países receptores de las inversiones frente a las actuaciones de sus gobiernos. Porque, en realidad,  los tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las multinacionales incumplan las leyes nacionales. Y, por supuesto, para imponer al país receptor la política económica que convenga a los inversores, es decir, a las corporaciones transnacionales.

Si se aprueba el Tratado se violarán sistemáticamente derechos humanos universales e inalienables desde la alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio,  trabajo decente, que permita a la gente tener una vida digna, incluyendo una renta adecuada y derechos laborales…  Lo que busca el TTIP es además una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores. Incluso la Comisión Europea reconoce que muchos puestos de trabajo se verán amenazados por la competencia estadounidense, además de que las normativas laborales en EEUU son menos exigentes, débiles o no existen  contagiarán a las europeas.

La regulación europea de salud pública y medio ambiente, que  hasta hoy es más garantista que la que hay en Estado Unidos, se verá afectada  por el TTIP. Hoy el 70% de los productos alimenticios que se venden en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados; en Europa, no. Por contra, en Europa funciona el principio de cautela: antes de poner un producto en el mercado hay que probar más allá de dudas razonables que no es perjudicial. En Estados Unidos ocurre lo contrario: para que un producto sea retirado por su peligro potencial, hay que demostrarlo de tal manera que supone en trabajo descomunal.

Pesticidas, sustancias químicas que afectan al sistema hormonal humano,  pollos y pavos de consumo humano lavados con cloro camparán a su aire según el modo y práctica estadounidenses.

Y, por supuesto, se verán afectados el derecho a la educación pública, a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la energía… Todos estos servicios y bienes podrán ser privatizados en beneficio de empresas privadas.

Mención especial merece que, según se ha sabido, la Unión Europea está presionando a la Administración Obama para que expanda el llamado fracking, es decir la fracturación hidráulica, las perforaciones de petróleo mar adentro y las extracciones de gas, lo que representa un gravísimo atentado contra el medio ambiente y contra los seres vivos.

 

La normativa estadounidense sobre propiedad intelectual favorece los intereses de las grandes corporaciones frente a los derechos del consumidor, lo que supone una violación de la privacidad de los datos personales, porque las grandes compañías podrán acceder a esos datos de los consumidores…

 

Pero tal vez lo peor sea que el TTIP espera acordar una protección a ultranza de las inversiones para lo que se propone un mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS permitiría a las corporaciones y grandes empresas demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática de gobierno en aras del interés general puede afectar a sus ganancias presentes o futuras.

El ISDS estaría formado por unos presuntos tribunales que no son tales sino tres abogados privados sin  mandato alguno de institución democrática alguna nacional o global. Y esos tribunales de pizarrín, por encima de los Estados, fallarían ante las demandas de menores beneficios de las élites y exigirán multimillonarias indemnizaciones. Es decir, las  grandes corporaciones se asegurarían los beneficios sin mover un dedo, solo por temor de que tal o cual ley en defensa de los intereses ciudadanos pudieran mermar los beneficios de esta o aquella corporación. Las empresas podrán cuestionar las leyes, proponer restricciones y exigir indemnizaciones.

No es ficción. Hay precedentes por aplicación de mecanismos similares de otros tratados bilaterales. Philip Morris, Vattenfall, Chevron y Occidental Petroleum demandaron por cantidades multimillonarias a Uruguay, Ecuador, Argentina, Alemania…

Esos tribunales de arbitraje han sido cuestionados por profesionales del derecho y del mundo académico, pero se pasan por el arco de triunfo los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de los países.

A tales tribunales especiales, que no son tribunales y que actúan al margen de cualquier tribunal legítimo estatal o internacional, solo podrán recurrir los inversores, no los estados ni los grupos de la sociedad civil. Con la agravante aberración de que sus fallos serán inapelables contra todo principio básico de buen derecho.

Para el dislate, el TTIP pretende crear un Consejo de Cooperación Regulatoria para que las corporaciones puedan cuestionar todas las decisiones parlamentarias o gubernamentales que pudieran reducir sus beneficios. Tal consejo será en verdad una cueva de lobbies que, presionarán de modo constante, buscarán rebajar o aguar las normas, incluso poder escoger otras normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normas antes de su resolución y eliminar las restricciones que piensen que les perjudican.

Es decir, con el TTIP y sus mecanismo y órganos de regulación, los parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo cada vez podrán legislar menos, porque todo puede afectar a o los beneficios de las corporaciones como IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica… para oponerse frontalmente a cualquier acuerdo  o medida que suponga proteger derechos humanos y laborales. En resumen: lo que pretende el tratado del libre comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los beneficios de las grandes empresas prevalezcan sobre los derechos de la ciudadanía y sobre la preservación integral del medio ambiente o la seguridad alimentaria.

 

La oportuna y legítima filtración de estos obscenos planes de la negociación del TTIP entre la Unión Europea y EEUU, ha promovido una amplia oposición en Europa y Estados Unidos y, por fortuna, han comenzado a celebrarse actos, protestas, movilizaciones… contra el TTIP. Además, se escriben miles de artículos y se organizan cientos de debates para informar a la ciudadanía de lo que se nos viene encima si no le ponemos remedio.

Las élites quieren aprobar el TTIP el año 2015. A pesar de sus secretos y oscuridades, el tratado ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los Parlamentos de los países miembro cuyas Constituciones así lo establezcan. Esa circunstancia abre una brecha por la que la ciudadanía se puede colar, movilizándose claramente en contra de la aprobación del TTIP. Aún podemos frenar esa aberración obscena contra los derechos de la inmensa mayoría y la limpieza y estabilidad del medio ambiente.

 

Por ello, nos hemos  unido más de 300 organizaciones y movimientos sociales  en una campaña de denuncia de este Tratado, tanto difundiendo el peligro que representa en charlas, conferencia, debates, artículos, etc., como con la convocatoria de una jornada internacional contra El TTIP el próximo 11 de octubre.

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