Archivos Mensuales: abril 2016

En el fondo, es así de sencillo

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Paraísos de impunidad

Las noticias nos han llegado a través de las vías que el periodismo de investigación ha encontrado para desarrollarse tirando de un hilo que apunta al agujero negro. Un trabajo exhaustivo sobre 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, realizado durante un año por un  equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países. El Confidencial y La Sexta han sido en España los encargados de difundirlo. Ellos han puesto nombre a destacados defraudadores fiscales.

Entre lo que califican de “personalidades”,  hay 140 políticos de 50 países, incluidos jefes de Estado actuales o pasados, varios de ellos dictadores. Y una serie de famosos por sus actividades profesionales como Leo Messi o los hermanos Almodóvar. La esposa del ex ministro y parlamentario europeo Arias Cañete, de la familia Domecq. La hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, aparece como presidenta de una sociedad panameña durante 40 años. Ése es un dato relevante: la cantidad de familiares y amigos de otros grandes prebostes que figuran en los papeles de Panamá. Primos del dictador sirio Al Assad, hija del primer ministro chino, hijo del derrocado presidente egipcio Mubarak, amigos de la infancia de Putin, el padre del presidente británico David Cameron, el secretario del rey de Marruecos, entre otros. Como si las sociedades pantalla utilizaran también relaciones pantalla. Con toda su cara y su firma vemos también al primer ministro de Islandia, al nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, o al que fuera de Ucrania. Al Rey de Arabia Saudí –tan amigo de las autoridades españolas– o al jeque catarí accionista de El Corte Inglés.

Llama la atención el tratamiento dado por la prensa a tan inquietantes noticias. El quiosco español se ha empecinado en destacar ¡A Putin! y El País, además, a Venezuela, llegando ya a inspirar una patética ternura. Aparentemente es el único que ha reparado en que aparece ese país a través del que fuera jefe de Seguridad de Hugo Chávez. Pero es que La Nación de Buenos Aires no ha destacado hasta por la mañana el nombre del presidente del país, Mauricio Macri, dando mucha mayor relevancia en la información a un secretario de Kirchner, la anterior mandataria. La BBC no subraya tampoco a papá Cameron. La mítica televisión británica sufrió duros ajustes y controles con la llegada del actual presidente a lomos de la mayoría absoluta, habían sido independientes por encima de sus posibilidades.

Tenemos pues de un lado a quienes eluden o evaden impuestos y del otro la cobertura de alguna prensa demasiado implicada y entrampada que resta el derecho a la información a los ciudadanos. Pero lo básico es conocer qué implica la existencia de los Paraísos Fiscales y cómo funciona el mecanismo para calibrar sus consecuencias reales.

“La codicia alimenta las inversiones especulativas en detrimento de la economía productiva. Y para que el sistema funcione se han creado unas herramientas imprescindibles que permiten la fuga de capitales y favorecen el fraude, la corrupción y la evasión fiscal. Hablamos de los paraísos fiscales  —también llamados centros offshore o extraterritoriales—, zonas abiertas a recibir capitales de todo el mundo (sin que importe su procedencia) que no se someten a ninguna (o prácticamente ninguna) tributación. En ellos reina el secreto bancario y sirven tanto para albergar el dinero que procede del narcotráfico o del terrorismo como para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas, derivadas de lo que se ha dado en llamar “ingeniería financiera”. Acogen a sociedades instrumentales mediante testaferros, y su existencia se muestra imprescindible en los numerosos casos de corrupción que aparecen constantemente en la prensa”. Así lo explicaba Lourdes Lucía en Reacciona,el ensayo español más vendido en 2011 y que junto alIndignaos de Hessel tuvo enorme influencia en el 15M.

“Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales”, añadía la economista Ángels Martínez Castells. “Entre 11 y 13 billones de dólares en capital extranjero y patrimonios de todo tipo están escondidos en islas como las Caimán, las Islas Vírgenes, las Cook, pero también la isla de Man, en las costas británicas. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasa por ellos (las Islas Caimán son el quinto centro bancario del mundo). De hecho, una estimación cautelosa calcula que las fugas de capitales a los paraísos fiscales suponen que los Estados dejen de ingresar entre 250.000 y 300.000 millones de dólares anuales. Es el gran robo organizado, a gran escala. Y consentido”, explicaba.

Ninguna alerta sirvió para frenar este negocio, consentido en efecto. La crisis de 2008 se les fue de las manos a quienes manejan los hilos del capitalismo. La quiebra de Lehman Brothers y, en cascada, de todo el sistema financiero, les obligó a decir que iban a tomar medidas. “Es el principio del fin de los paraísos fiscales”, repitieron, “vamos a refundar el capitalismo”, clamaban con energía. Lo cierto es que nos “refundaron” a los ciudadanos para que pagáramos sus excesos. La segunda cumbre del G20 (Londres, abril 2009) se puso a la tarea. En una semana lo hizo la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que agrupa al 70%  del mercado mundial. ¿Cómo? Quitó de la lista negra… a todos los países que albergaban paraísos fiscales. Y habilitó listas grises.  En la “gris oscura” colocó a 36 Estados, incluidos Uruguay, Costa Rica, Filipinas, Malasia Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belice, Bermudas, Islas Caimán y ¡Panamá! En la “gris clara” situó a  Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza, por ejemplo. Las listas de colores se comprometían a “intercambios de información suficientes como para situarse en la parte gris”. Y todos tan contentos.

Cualquier asalariado puede constatar que cada uno de sus movimientos bancarios es inmediatamente registrado. En cambio esto no ocurre con las grandes fortunas. Son múltiples los mecanismos de los que disponen, tanto de elusión como de evasión de sus capitales y obligaciones fiscales. Hay una parte legal en estas actividades, aunque moralmente reprobable. Tampoco es solo una cuestión ética, consagra la desigualdad y los privilegios. Cuanto dejan de pagar estos afamados compatriotas nos obliga al resto a restringir servicios esenciales. Una clave es preguntarse quiénes hacen o inspiran las leyes en este degradado sistema. A quién benefician: el famoso Cui Prodest de la justicia. Mossack Fonseca de Panamá es una de las principales firmas, pero no la única. Sociedades pantalla para poner distancia entre tu dinero y tú, para desvincular el dinero del inversor de los fines a los que se aplica. Los centros offshore no preguntan la procedencia, conviene insistir. Y la opacidad puede amparar desde el fomento del terrorismo al tráfico de armas y personas.

El primer ministro de Islandia, ese país que cae y se levanta, que yerra y castiga, es requerido para que dimita. En España no sabemos nada. “Mossack Fonseca ayudó a españoles a ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos de la firma panameña”, informa El Confidencial. Arias Cañete, el español más votado para el Parlamento Europeo como candidato del PP, tiene mucho que contar acerca de las actividades empresariales familiares, altamente en entredicho desde hace tiempo.  ¿Y los Borbones? ¿Qué hacía la hermana del rey Juan Carlos con una sociedad pantalla?

Una sociedad víctima de la injusticia social contempla entre indignada y atónita los flecos que va conociendo de lo que llaman “el sistema”, y que otros menos correctos políticamente calificamos de gran estafa organizada y amparada. Si llega a saberlo con rigor, porque para eso se precisa información honesta de cuanto le atañe y afecta.  De nuevo ha sido el esforzado periodismo de investigación el que ha documentado esa ventana abierta a la que muchos no quieren ni mirar.

 

Fuente

No muerdas la mano que te da de comer

Eldiario.es publica cómo la Comisión de Interior del Congreso ha podido constatar la existencia de una “policía política” que ha venido trabajando esta legislatura a favor del PP en distintos campos. Uno de ellos, como señala el Portavoz del PSOE, ha sido la elaboración de “informes anónimos” contra adversarios políticos. Del PP, naturalmente.

Portadas y telediarios de hoy mismo se llenan de uno de ellos, largamente repetido y presentado como nuevo, insistentemente desestimado por la justicia, que como siempre pretende implicar a Podemos como receptor de financiación de la Venezuela de Hugo Chávez.  Y a la que la prensa da prioridad incluso sobre las cuentas de Panamá, incluso de la hermana del Rey Juan Carlos. Y a todo tipo de financiaciones de partidos con datos reales.

Viene a cuento, pues, recordad el funcionamiento de esta amorosa confraternidad entre ciertos políticos y cierta prensa.

En los últimos días hemos podido constatar el desproporcionado reparto de publicidad institucional que desplegó la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, beneficiando a los medios afines al PP. Una lluvia de dinero público –más de 21 millones en 3 años– empleada a la postre en exaltar su gestión. Y, tal vez, algo más. Con el eufemismo Publicidad Institucional se ha gestado en España un opaco engendro, fuera de control, que actúa como subvención de distintos medios informativos. Un maná discrecional que premia y castiga. Al que, por tanto, se le suponen ciertas contrapartidas. Y que puede tener efectos devastadores sobre el derecho a la información. Y, por tanto, sobre otros derechos ciudadanos.

La publicidad institucional es una cadena masiva que, partiendo de la administración central con todos sus ministerios, organismos y ramificaciones, se expande por autonomías, ayuntamientos y todo tipo de corporaciones locales y hasta internacionales. Si precisan explicarse, publicitar sus actuaciones, debe estar regulado y ser diáfano. En muchos casos sirve como medio de supervivencia de algunos periódicos. A menudo se convierte en loa al político que paga. Los hechos demuestran cómo se minimizan también decisiones políticas controvertidas.

Los datos –publicados por infolibre y eldiarioes- hablan claro. Medios minoritarios recibieron mucho más dinero de las arcas municipales de los madrileños que otros que, por su tirada o audiencia, tenían más repercusión. Curiosamente, durante el mandato de Botella y de su predecesor Alberto Ruiz Gallardón la deuda del consistorio aumentó un 780% según dice y se propone investigar el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, a propuesta de Ahora Madrid y PSOE. En 12 años de PP, el endeudamiento pasó de 990 millones de euros a 7.733 millones en 2012.

Fueron los años de las megaobras. El soterramiento de la M30 o la sede de la propia corporación en la Plaza de Cibeles. Y del sueño olímpico que enterró no menos de 500 millones de euros en complejos deportivos que no se han usado, al margen de promociones y viajes. Un puro dislate. A Ana Botella le corresponde además la venta de viviendas sociales a fondos buitre, adjudicaciones inmobiliarias, el descontrol de la contaminación, los contratos a la baja  de las basuras, el abandono de parques y jardines que (con la caída de árboles) ocasionó hasta víctimas mortales, o la tragedia del Madrid Arena. Ahora, háganme el favor de valorar el tratamiento informativo que mereció su gestión. Y compárenlo con el que se dispensa al nuevo Ayuntamiento.

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Revisemos también cómo trata la prensa a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Por ella supimos que, por ejemplo, el diario La Vanguardia recibía una subvención extra de 5 millones de euros anuales del Ayuntamiento, que Colau le retiró. ¿Por qué se la daban? ¿En qué concepto? Era al margen de la publicidad institucional que Colau le mantuvo junto al resto de los medios.  Hasta “terrorista” le llamaron en las tertulias. De la Generalitat de Pujol algo supimos. Tarde, para pringar buena parte de aquel periodismo. De lo posterior poco.

 Esperanza Aguirre se gastó en publicidad de su Gobierno en la Comunidad de Madrid 220,6 millones de euros entre 2008 y 2011, según se publicó ya hace tiempo. En el mismo período, el gobierno del PSOE, invirtió en publicidad de todo el Estado 378,1 millones. Ignacio González, sucesor de Aguirre, siguió en la misma senda a ritmo más moderado. Y esto sucedía mientras se practicaban durísimos recortes a la población. Y se hacía propaganda de lo contrario. Por ejemplo, se gastaron 1,5 millones para promocionar la sanidad pública madrileña.

El gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha se saldó con un claro uso de la publicidad institucional que gratificaba a los medios que encumbraban su labor y sancionaba a los que no le rendían pleitesía. Cada paso que daba la también secretaria general del PP nacional era seguido por una pléyade de periodistas. Es realmente llamativo su periplo por romerías y actos religiosos que recoge Internet. Y siempre con un tratamiento reverencial. Basta teclear “Cospedal” y “Virgen”. La orgía de prebendas de la televisión pública castellano-manchega, presidida por el tertuliano de ultraderecha Nacho Villa que ella misma eligió, entra en los anales de la ignominia. Acaba de saberse, que Cospedal benefició con regalías a medios de los obispos casi hasta el mismo día de marcharse.

La cadena episcopal, 13TV, por cierto, también recibió publicidad institucional desproporcionada del ayuntamiento de Madrid y ha gozado un trato preferente por parte del gobierno central que le concedió una licencia de emisión (antes la tenía alquilada). 10 millones de lo recaudado a través del IRPF destinó a 13TV la Conferencia Episcopal. A pesar de que es deficitaria y solo tiene un 2% de audiencia. A Cáritas, le dedica 6 millones. La línea editorial tiene objetivos muy definidos en sus ataques políticos, sin demasiados escrúpulos en faltar a la verdad. En pura paradoja sobre el carácter de la Institución dueña de la empresa.

¿Sabían ustedes que el gobierno del PP invirtió 7 millones de euros en publicitar la deuda pública? Sí, ésa que ha llegado a superar con creces el billón de euros en escalada de récord histórico con Rajoy. No leemos editoriales indignados, ni es tema preferente en los debates cuando nos supone una hipoteca letal. Muchos de los casos, los conocemos a través de la plataforma ciudadana CIVIO y su esforzado expurgue del BOE. Porque, conviene insistir, la publicidad institucional no goza de la más elemental transparencia. Buceando se puede encontrar que Galicia triplicó su presupuesto para generar confianza en su economía. Y cabe pensar que no habrá sido la única comunidad autónoma. O que Ana Mato tampoco distribuyó la publicidad de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales guiada por criterios de audiencia. La Gaceta de Intereconomía (que llegó a cerrar por falta de ventas) y La Razón, el periódico menos leído de los nacionales, obtuvieron hasta 27 veces más publicidad que 20 Minutos y El País, que eran los de mayor tirada.

No es sino la punta de un iceberg. Y llega en un momento crítico de los grandes emporios periodísticos sumidos en una intensa crisis económica.  Cuando vemos portadas, titulares, editoriales y artículos con sesgos que entran en lo radicalmente injusto ¿podemos estar seguros de que responden a criterios objetivos? ¿Sabemos qué dinero les entra por publicidad institucional u otras vías? Son datos esenciales. Un país serio no se puede permitir ni la más pequeña sombra sobre las motivaciones de las líneas editoriales.

Siembran dudas las noticias que no se publican o las que sí; las que dejan de seguirse o las que se incrustan cada día en el temario. Esas encuestas que parecen inducir el voto, tanto a favor como en contra y con cálculos poco ajustados. Destaca la serie de un año completo de Metroscopia en El País que, apenas un mes antes del 20D, llegó a dar casi el doble de porcentaje a Ciudadanos del que obtuvo: 22,6%. Luego consiguió un 13,9%. Ante tan abultados errores ¿se puede confiar en las actuales subidas y bajadas en la intención de voto para unas eventuales nuevas elecciones? Lo cierto es que terminan influyendo por el eco amplificador que le presta, sin más preguntas, la repetición de periodistas y medios ¿De buena fe todos?

La arbitrariedad en el reparto de dinero público en la llamada Publicidad Institucional, la opacidad de su distribución, cuantía y criterios, da un trato de favor a unos medios sobre otros. Se suele primar a los que ayudan a los gobiernos en el poder. Todo trato de favor implica y amplifica la desigualdad: no se participa con los mismos recursos. Termina, pues, beneficiando a unas ideas sobre otras. Los resultados no son justos. Y atentan contra nuestros derechos. Por evitar informaciones críticas, por apoyos y rechazos con sombras, se desvirtúa el papel de ese periodismo. Es la mano que les da de comer la que muerde a toda una sociedad.

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