Archivos Mensuales: noviembre 2016

Pedro Sánchez, ha nacido una estrella

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No soy amigo de “conspiranoias”, pero lo sucedido en el PSOE, junto con el último capítulo de sublevación díscola y heroica de Pedro Sánchez, es muy sospechoso. Parémonos a pensar. La crisis/reyertas de sus últimos comités federales han supuesto un tremendo daño a la imagen del partido socialista. La sensación más generalizada entre la ciudadanía es que el partido sale muy tocado y con un futuro muy difícil para recuperar el apoyo que hasta ahora ha disfrutado. Por otro lado, estamos más o menos de acuerdo en que la militancia y simpatizantes no han visto con buenos ojos la decisión de abstenerse en la investidura de Rajoy. En conclusión, la situación es de una imagen dañada por la confrontación y por el comportamiento en la votación de investidura.

Sin embargo, hay alguien que, ante toda esa debacle, sale reforzado como coherente, honesto, con un liderazgo legitimado por las bases y no por operaciones palaciegas e, incluso, hasta de izquierdas, eso que siempre le viene bien a un PSOE que lleva décadas practicando políticas neoliberales. Para encumbrarlo todavía más, llega una entrevista televisiva que arrasa en audiencia donde nuestro héroe dice que poderes mediáticos y empresariales conspiraron para que no llegase a un acuerdo con las izquierdas, como si él no tuviese nada que ver con la firma de un pacto con Ciudadanos. Y revela que ha visto la luz en la necesidad de entenderse con quienes no lo hizo cuando pudo, Izquierda Unida, Podemos e independentistas catalanes. La nueva estrella se presenta exactamente como el PSOE que la parte de la ciudadanía que se ha sentido defraudada desearía. Eso sí, sucede ahora que no puede cumplir nada de eso porque ya no es nadie. Qué pena.

Hagamos como en las recetas de cocina. Reservamos el anterior razonamiento y vamos a otro. Una vez que el PSOE ha prestado el enésimo servicio al poder económico y financiero neoliberal, permitiendo el gobierno del PP y cerrando el paso al poder a otras opciones “peligrosas” o “no controladas” como Unidos Podemos, ¿cuál sería en este momento la opción política más rentable ante sus militantes y simpatizantes? ¿Cuál sería la mejor forma de sacudirse la imagen de partido tomado por golpistas mediáticos y barones anquilosados que han perdido los principios socialistas? Creo que la respuesta es lógica, recogemos el ingrediente reservado del razonamiento primero. Se hacen unas primarias, desempolvamos al líder caído, que nunca hizo nada de izquierdas mientras pudo pero que se convirtió en Quijote de las bases y de la izquierda socialista cuando no podía, y lo volvemos a sacar al mercado. Ya tenemos a un nuevo y flamante PSOE, dispuesto, una vez más, a presentarse ante los españoles como el baluarte del progresismo, el rompeolas de la derecha, el defensor de los desfavorecidos y las políticas sociales. Esa imagen que han logrado colocar en amplios sectores de la sociedad durante casi cuarenta años mientras, cuando gobernaban, hacían lo contrario. Un lavado de cara perfecto.

No olvidemos que el PSOE siempre se ha caracterizado por colocar una imagen y un programa mientras aplicaba otro. Nos metían en la OTAN, mientras decían “de entrada no”; aprobaban reformas laborales, mientras compartían tribunas y mítines con los sindicalistas; construían centrales nucleares, mientras firmaban acuerdos con colectivos verdes; aprobaban millonarias ayudas a la Iglesia, mientras se llamaban laicos; o liquidaban empresas públicas, mientras reivindicaban el sector público frente al privado. Ahora ha conseguido el gran salto con tirabuzón. Cuando hay que decidir algo importante los “malos” dan un golpe y aplastan al “bueno”, cuando haya que volver a pedir el apoyo ciudadano esconderán a los malos y sacarán al bueno del baúl. Al tiempo. Son la prestidigitación hecha política.

 

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El Gran Wyoming hablando claro

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Unos vídeos de El Gran Wyoming, algunos antiguos, pero perfectamente válidos en la actualidad.

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Lo que se llama economía colaborativa no tiene nada de colaborativa

Una práctica económica que se está extendiendo rápidamente en el mundo capitalista desarrollado es lo que se ha venido a llamar la economía colaborativa, que, paradójicamente, tiene buena prensa en algunos círculos progresistas y que, sin embargo, es consecuencia del dominio del pensamiento neoliberal en el área de la provisión de servicios. En realidad, es la individualización del servicio, transformando la relación empresario versus colectivo de trabajadores en una relación empresario versus cada uno de sus trabajadores. A pesar del nombre que se utiliza para definirla, “economía colaborativa”, la relación dista mucho de ser colaborativa (y todavía menos, de economía cooperativa y solidaria) como, repito, algunos autores progresistas la presentan.

El discurso de los proponentes de tal economía parece ser muy lógico, racional e incluso atractivo. Cuando el propietario de un coche no lo utiliza para fines personales, lo deja a otro ciudadano que pueda necesitarlo. O, en lugar de dejarlo, él mismo lo conduce para servir al ciudadano con necesidad de transporte. Lo único que tiene que hacer es dar su nombre y teléfono a una compañía que le pondrá en contacto inmediato con el usuario. Siguiendo el mismo argumento, el propietario de un piso que tiene una habitación libre, o que tiene un piso vacío sin utilizar, da su nombre y teléfono a una compañía que le pondrá en contacto con una persona que está buscando una habitación o un piso en alquiler por periodos reducidos, resolviendo su problema.

File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt court earlier this month instituted a temporary injunction against Uber from offering car-sharing services across Germany. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

En ambos casos se considera que esta relación (entre un usuario con necesidad de un servicio, por un lado, y una persona con recursos disponibles para él) representa un uso eficiente de los recursos (ya sea el coche, ya sea el piso), ya que estos recursos dejan de estar poco utilizados, en el caso del automóvil, o vacíos, en el caso de la vivienda, y con una gran flexibilidad. En resumidas cuentas, es la optimización de la relación entre individuos, que se realiza, cada vez más fácilmente, en las áreas de servicios privados. En realidad, se señala que la mejor prueba de su utilidad y necesidad es su éxito. La compañía UBER, que está sustituyendo a las compañías de taxis en muchos países, está valorada en alrededor de 70.000 millones de dólares, uno de los mayores negocios de transporte privado e individual en el mundo (para una versión idealizada de la economía colaborativa ver The Sharing Economy, del economista Arun Sundararajan).

¿Cuál es el problema con la economía colaborativa?

Para definir una práctica como buena o mala hay que compararla, sin embargo, con la práctica que sustituye. De ahí que en el caso de UBER haya que compararla con las compañías de taxis, compañías que son privadas y que cumplen una función pública: servir a la ciudadanía. Esta función pública justifica, por cierto, que el Estado (por lo general, el poder municipal) les dé privilegios en la vía pública (como un carril especial junto con los transportes públicos). Las compañías de taxis son cooperativas de taxistas o, más frecuentemente, son compañías privadas que contratan a taxistas, organizados como colectivo, con su propia representación institucional (sindicatos u organismos profesionales) que negocian colectivamente con las empresas las condiciones de trabajo, salarios o cualquier otra dimensión entre el taxista y la empresa. El taxista tiene que reunir unas condiciones profesionales, garantizadas tanto por el municipio como por la empresa, para satisfacer la normativa vigente. El aseguramiento del taxista y del usuario es parte de este servicio.

Gran parte de estas condiciones y circunstancias no existen en UBER, donde la relación es individual entre la empresa y el individuo propietario del coche, que probablemente será el conductor. Al ser la relación individual, este último tiene muy poco poder de negociación. Y como consecuencia, su salario es mucho menor, las condiciones de trabajo son mucho peores y el aseguramiento del cliente-usuario, en caso de accidente, mucho más limitado. Este arreglo es el sueño de cualquier empresario: contratar al trabajador por horas, individualizando y externalizando todos los beneficios sociales (como la seguridad social) que antes tenía como empleado de una empresa. Este es el futuro en la empresa, que el atractivo término de “colaborativa” oculta. Y todo esto se promueve como un canto a la flexibilidad y a la cooperación.

El escándalo de la vivienda colaborativa

Una situación semejante ocurre con los “alquileres colaborativos”. La empresa Airbnb (ver mi artículo “Ejemplos nefastos de la mal llamada economía cooperativa”, Público, 31.12.15), que pone en contacto al propietario del piso (o el inquilino) con el turista o persona joven que necesita alojamiento, se ha convertido en una de las mayores empresas inmobiliarias, siendo receptora de gran cantidad de capital riesgo (la mayoría de carácter especulativo). Una gran parte de esta actividad es incluso ilegal (como he señalado en el artículo “Las consecuencias de la gentrificación y de la turistificación de las ciudades en EEUU y España”, Público, 22.09.16). Pero ahí, en este negocio, el más perjudicado es el vecino de estos pisos, que está sujeto a una población flotante, sin compromiso con el vecindario, lo que disminuye la calidad de vida de dicho vecindario. En realidad, recientemente ciudades conocidas por su atractivo turístico tales como Nueva York y Barcelona están protestando por el declive que barrios enteros están sufriendo como consecuencia de la invasión de Airbnb, que, además de las enormes molestias que provoca al vecindario, ha causado el aumento del precio del alquiler en tales ciudades, expulsando a los residentes de dichos barrios. Ello ha forzado a que las autoridades públicas de Nueva York hayan puesto coto a las prácticas de Airbnb, limitándolas significativamente, pues de no frenarlas romperán, cambiarán y destruirán la cohesión social en los barrios, habiéndose convertido en una de las mayores amenazas para tal cohesión, todo ello realizado por empresas como Airbnb que se presentan como “colaborativas, cooperativas y solidarias”. Una situación similar está sucediendo en Barcelona. Es sorprendente que pensadores progresistas las estén promoviendo. En realidad, la expansión de este tipo de economía es un indicador de la expansión de la economía neoliberal que está afectando muy negativamente tanto a la calidad del mercado de trabajo como al bienestar de los barrios urbanos en el tiempo que vivimos. No es sorprendente, por lo tanto, que tanto en el caso de los trabajadores de las empresas mal llamadas “colaborativas” como en las compañías inmobiliarias que también se definen como tal, estén apareciendo sindicatos tanto de trabajadores como de inquilinos para parar su avalancha, que rompe con el mero concepto de colaboración y cooperación entre los ciudadanos.

 

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Hablando claro: ¿Quién es responsable de que Rajoy continúe gobernando España?

Uno de los argumentos que se ha utilizado con mayor frecuencia e intensidad por parte de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por el diario El País es que el responsable de que Rajoy continúe en el gobierno es Podemos (y muy en especial su Secretario General, el Sr. Pablo Iglesias) por no haber apoyado después de las elecciones del 2015 el pacto PSOE-Ciudadanos, permitiendo que el Sr. Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, fuera investido presidente del gobierno español, sustituyendo al gobierno Rajoy, situación que era deseada por la mayoría de los partidos políticos representados en las Cortes Españolas. Ni que decir tiene que este argumento es utilizado por la dirección del PSOE y por El País para desacreditar a Podemos (y muy en especial a Pablo Iglesias) en su intento de debilitar su atractivo electoral, presentándolo como causante de la continuidad de un gobierno detestado por la gran mayoría de fuerzas y movimientos progresistas del país.

Esta acusación, sin embargo, deliberadamente ignora la situación actual en la que se encuentra España, caracterizada por una gran crisis de legitimidad del Estado que resultó de la transición inmodélica que tuvo lugar en este país, pasando de una dictadura (de las más crueles y reaccionarias que hayan existido en Europa) a una democracia muy limitada, con escasa sensibilidad social (todavía hoy España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países dentro de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español), y con una visión uninacional y radial del Estado español centrado en la capital del reino (capital que tiene poco que ver con el Madrid popular). Sé que esta última observación referente al grado de centralismo del Estado español despertará toda una serie de protestas, alegando que “España es uno de los países más descentralizados de Europa”, o como también se ha dicho que “España es ya en la práctica un Estado federal”. Ya he escrito mostrando evidencias empíricas que cuestionan tales argumentos, evidencias que aparecen diariamente, siendo el último caso la revocación de la ley aprobada por el Parlament de Catalunya prohibiendo las corridas de toros en aquella Comunidad Autónoma. He vivido a lo largo de mi vida en varios países federales, incluido EEUU, donde actos como este serían inimaginables por parte del Estado federal.

Las grandes deficiencias del Estado español inmodélico han aparecido durante la Gran Recesión

Las deficiencias de este Estado democrático, resultado del dominio que las fuerzas conservadoras, que controlaban el Estado dictatorial, tuvieron en el proceso de transición, han aparecido con toda intensidad durante estos años de crisis. La Gran Recesión (que para millones de españoles ha sido la Gran Depresión) ha creado un enorme problema social, consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales por parte de los gobiernos Zapatero y Rajoy, que han originado un marcado descenso de la calidad de vida de las clases populares, problema que ha agudizado e intensificado el problema nacional (mal llamado problema territorial), con la intensificación a lo largo del territorio español de los procesos de centralización e imposición de la uninacionalidad del Estado español. Tales problemas –el social y el nacional– han adquirido mayor intensidad durante el gobierno del PP (heredero de las fuerzas políticas que controlaron el Estado dictatorial), que ha llevado a cabo políticas neoliberales que han dañado el bienestar de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, y que ha recentralizado el Estado, mostrando una gran hostilidad hacia la plurinacionalidad del país (estimulando con ello el deseo de secesión por parte de las naciones “periféricas”).

Era, pues, lógico y predecible que las nuevas fuerzas emergentes como Podemos, la renovada IU y las nuevas izquierdas en la “periferia” (Catalunya, País Vasco, Galicia, Valencia y Baleares) fueran anti Estado neoliberal y anti Estado uninacional, creándose una visión alternativa de una España más justa, solidaria y plurinacional, una visión que, por cierto, había sido apoyada históricamente por todas las fuerzas democráticas progresistas que lucharon contra el fascismo (incluyendo el PSOE). Este Estado central, que es percibido por tales fuerzas emergentes como corrupto, opresivo, insensible a las necesidades de las clases populares, y hostil hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad de España, está en profunda crisis.

Las elecciones de 2015: ¿por qué el PSOE nunca consideró que había una alternativa posible liderada por las izquierdas?

Las elecciones del 2015 hubieran permitido iniciar un cambio, tanto en la dirección de resolver el tema social como en la dirección de resolver el tema nacional, pues ambos problemas están relacionados y, por lo tanto, sus soluciones también deben estar relacionadas. No es casualidad que en España las fuerzas más reaccionarias, conservadoras y neoliberales (fuerzas herederas directa o indirectamente del franquismo), responsables de las políticas neoliberales que han causado un gran daño a las clases populares, sean también las mayores defensoras del uninacionalismo. Sumando PSOE, Podemos, IU, En Marea, En Comú Podem y Compromís junto con PNV, CDC, ERC y Bildu, habría sido posible establecer una alternativa (estando a favor unos, absteniéndose otros) liderada por el PSOE y por Podemos, en alianza este último con Izquierda Unida.

El PSOE, sin embargo, nunca consideró esta alternativa, que hubiera permitido iniciar un cambio fundamental de régimen en la dirección de aquella España deseada, más democrática, más justa, más solidaria y plurinacional. El aparato del PSOE y los barones de siempre (incluyendo sus dirigentes pasados, los Sres. Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero), dirigidos por la Presidenta de la Junta de Andalucía, la Sra. Susana Díaz, se opusieron frontalmente a este cambio, utilizando una vez más el eslogan de “salvar la unidad de España”, el eslogan del nacionalismo españolista, el nacionalismo más poderoso y asfixiante de los que existen en España, nacionalismo que siempre ha utilizado este eslogan para defender el statu quo económico y social de España. En realidad, el aparato del PSOE nunca consideró seriamente la posibilidad de aliarse con Podemos, desestimando la oferta que hizo Podemos inmediatamente después de realizarse las elecciones del 2015. Predeciblemente, tanto el PSOE como El País maliciosamente acusaron a Pablo Iglesias y a Podemos de interesarles solo los sillones del poder, cuando la oferta de alianza y coalición no podía ser más clara y transparente.

En su lugar, la dirección del PSOE intentó y consiguió establecer un pacto con Ciudadanos (el cual deseaba establecer una gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos), y una vez establecido tal pacto (PSOE-Ciudadanos) invitaron a Podemos a que, de manera subsidiaria, ofreciera su apoyo al establecimiento de un gobierno alternativo bajo la hegemonía de aquellas dos fuerzas, el PSOE y Ciudadanos (máximo exponente, este último, del neoliberalismo y del uninacionalismo). Es difícil de creer que las direcciones de ambos partidos –el PSOE y Ciudadanos– creyeran que Podemos podría aceptar estos términos (y según testimonios de participantes en la reunión del PSOE con Ciudadanos y Podemos, era clara la hostilidad de los segundos contra los terceros). Aceptarlos hubiera supuesto un enorme coste a Podemos, pues el elemento definitorio de tal partido político era un amplio movimiento en que su programa económico-social y su programa nacional (claramente a favor de la plurinacionalidad de España) son precisamente los opuestos a los sostenidos por Ciudadanos y también por los barones del PSOE, todavía anclados en las políticas económicas neoliberales y en su visión uninacional de España. La aceptación por parte de Podemos del pacto y del gobierno PSOE-Ciudadanos hubiera podido significar una rebelión dentro de las nuevas izquierdas en la “periferia”. Y esto el PSOE y Ciudadanos lo sabían. De ahí que cuando el PSOE y Ciudadanos hicieron la invitación a Podemos de apoyar el Pacto, sabían que era prácticamente imposible que Podemos aceptara hacer posible aquel gobierno alternativo a Rajoy basado en una coalición PSOE-Ciudadanos que reproducía el frente neoliberal y uninacional que hubiera hecho imposible el inicio de un cambio de políticas económicas y sociales, y el fin del desbloqueo del tema nacional.

Una alternativa al gobierno Rajoy (basada en una coalición que hubiera permitido un gobierno con mayor conciencia social y deseo de redefinición de España), sin embargo, era posible. Ahora bien, a Pedro Sánchez los intereses económicos y financieros (liderados por el IBEX-35) y los grupos mediáticos conservadores y/o neoliberales que ejercen una enorme influencia sobre el PP y el PSOE (los dos partidos que habían gobernado España, producto de la inmodélica Transición) nunca le permitieron aliarse con Podemos para explorar tal alternativa, que hubiera podido iniciar un cambio urgente y necesario en el tema social (rompiendo con las políticas de austeridad) y desbloquear el tema nacional, iniciándose un diálogo con los “nacionalismos periféricos”.

Otras alternativas eran también posibles en 2016

Y una situación semejante apareció después de las elecciones del 2016. Ni que decir tiene que la formación de una alternativa hubiera sido más difícil que en 2015. Pero, aunque más difícil, era posible, puesto que además de la alianza del PSOE con Unidos Podemos, se podría haber obtenido el apoyo de varios partidos nacionalistas vascos y catalanes que habían indicado su apoyo (bien por activa, bien por pasiva) para permitir formar un gobierno alternativo al gobierno Rajoy. El continuo argumento utilizado por El País de que los números no salían fue una mera excusa para no explorarla.

De ahí que debería estar claro que fueron los barones (las figuras históricas) y parte del aparato del PSOE los que se opusieron a tal alternativa que hubiera cambiado el rumbo de España, tanto en lo social como en lo nacional, en dirección contraria a la que ellos deseaban. Su argumento de que no querían tener, por el bien de España, unas nuevas elecciones, era utilizar “la patria” (como siempre habían hecho antes las derechas) para defender sus intereses, intereses que hubieran sido afectados muy negativamente, al pasar probablemente el PSOE a un tercer puesto en la carrera electoral, siendo sobrepasados por Unidos Podemos, que era lo último que el aparato del PSOE, figuras históricas y los barones, querían ver.

Una última observación: ¿Por qué ha tardado tanto que Pedro Sánchez reconociera lo que era obvio?

Escribí este artículo este domingo por la tarde, antes de escuchar la entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez en el programa “Salvados”. Y tengo que reconocer que ver la entrevista me creó una sensación de alegría y esperanza por un lado, pero también de tristeza y frustración por el otro. Por una parte, es de agradecer que, por fin, el que fue Secretario General del PSOE, confirmara lo que era evidente, y que yo había escrito en este artículo antes de que escuchara sus declaraciones: el que no hubiera un gobierno alternativo, ni en 2015 ni en 2016 era la oposición de la estructura de poder económico-financiero-mediático y político a que el PSOE se aliara con Podemos para establecer un gobierno alternativo, liderado por las izquierdas, gobierno que hubiera iniciado los cambios que este país necesita como el aire que respira, y que incluya políticas de expansión en lugar de austeridad, con pleno desarrollo de su Estado del Bienestar, alcanzando el nivel de bienestar que su riqueza económica permite (el gasto público social continúa siendo uno de los más bajos de la UE-15) con reestructuración de su estructura industrial y energética, facilitando un mayor rol del sector público, en unas políticas que lleven a alcanzar el pleno empleo, no a base de la reducción de salarios y precariedad, sino a base de un buen empleo, siguiendo políticas de redistribución de la propiedad y de las rentas impidiendo su concentración, lo cual ha ocurrido en España a un coste elevadísimo a su sistema democrático, como muestra la excesiva influencia política y mediática de los sectores que concentran tal riqueza y que han imposibilitado el establecimiento de un gobierno alternativo que por mera lógica democrática hubiera reducido (y a ser posible, eliminado) su influencia claramente antidemocrática (pues nadie los ha elegido).

Las declaraciones de Pedro Sánchez confirman lo que era fácil de ver. Ha ocurrido un “golpe de Estado civil” en el que grupos financieros, económicos y mediáticos han imposibilitado (utilizando medios antidemocráticos que incluyen la manipulación, desinformación, mentira y represión intelectual) vetando una alternativa progresista al gobierno más corrupto y reaccionario hoy existente en la UE-15. Y el aparato del PSOE, las figuras históricas y gran parte de los barones liderados por Susana Díaz, han sido cómplices ejecutores de tal golpe de Estado civil. La lástima, una enorme lástima es que a Pedro Sánchez le ha faltado la valentía (que ha mostrado ahora) para haber hecho estas declaraciones mucho antes. Si ello hubiera ocurrido, es probable que la era Rajoy hubiera ya terminado. Así de claro.

 

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La falacia de la hucha de las pensiones

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En fecha reciente el Gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para 2017. De su lectura y de acuerdo con las previsiones establecidas para este año y el próximo, se deduce que el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social desaparecerá a finales de 2017. Tal noticia ha llenado las primeras páginas de los periódicos como si se hubiese descubierto el Mediterráneo o fuese el anuncio de un gran cataclismo. Que las pensiones constituyen un problema nadie lo duda, pero un problema político, no económico. Desde hace muchos años, el sistema público de pensiones es objeto de una dura ofensiva por parte del neoliberalismo económico, que ha logrado trasladar a la opinión pública el mensaje de que es insostenible económicamente. Todo este discurso está fundamentado en un enorme cúmulo de falacias.

Es en este esquema donde se incardina el fondo de reserva, llamado de manera pretenciosa hucha de las pensiones, y al que se ha concedido la naturaleza de garantía del sistema. Se comprende entonces la alarma que ha despertado en la opinión pública saber que en 2017 el fondo quedará vacío. Lo cierto es que la famosa hucha de las pensiones es un concepto irrelevante, casi un mero apunte contable. El déficit de la Seguridad Social (SS) tiene el mismo efecto con fondo que sin fondo. En ambos casos se incrementará la deuda pública que se encuentra en el mercado. En el primer caso, porque para enjugar el déficit habría que vender deuda pública del fondo; en el segundo, porque el Tesoro tendría que emitir deuda por la misma cantidad. En realidad, los movimientos del fondo de reserva son operaciones “intra sistema”, dentro de las administraciones públicas, que no afectan ni al déficit total ni al stock de deuda pública en circulación fuera del sector público.

La existencia del fondo de reserva es el resultado de una concepción espuria, la del Pacto de Toledo, que pretende separar claramente la economía de la SS de la del Estado y establece fuentes de financiación diferentes, condenando a las pensiones a ser sostenidas exclusivamente por las cotizaciones sociales. He aquí la auténtica amenaza sobre la SS. El divorcio solo es posible desde una concepción liberal, pero no desde los principios del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado, sino una propiedad de este en el sentido aristotélico del término, algo que sigue a su esencia necesariamente.

La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como un elemento sustancial, de forma que, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban de manera abusiva la SS como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y dificulta toda mejora en las prestaciones.

En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre SS y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica, y mucho menos política; es más, tiene mucho de convencional, como lo prueba el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la SS hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Esta óptica libra a la SS de la permanente presión de la bajada de las cotizaciones sociales, reclamada de forma reiterada por los empresarios y acometida con frecuencia por el Gobierno con la excusa de realizar políticas activas de empleo. En los últimos años la creación de empleo no incrementa en la misma medida los ingresos de la SS, entre otras razones por las reducciones y exenciones concedidas en las cotizaciones a los empresarios y autónomos.

Pero, sobre todo, al librar a las pensiones de la atadura en exclusiva de las cotizaciones sociales, deja en papel mojado todos los argumentos que tan fácilmente se han manejado acerca de que la baja tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida conforman una pirámide de población que hace inviable el sistema. Esta argumentación, en todo caso, no afectará más a las pensiones que a la sanidad, a la educación o a cualquier otro gasto del Estado.

Pero es que, además, estos argumentos se basan en una premisa falsa. Contemplan exclusivamente el número de trabajadores. La cuestión, sin embargo, debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior. Es lo que ha ocurrido en la agricultura. Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%. La variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad de mantener el Estado del bienestar (y dentro de él, las pensiones) no es otra que la evolución de la renta per cápita. Esta se ha incrementado progresivamente hasta casi duplicarse en los últimos treinta años, y es de suponer que se duplicará también en los próximos treinta o cuarenta años si el euro y la denominada política de austeridad no lo impiden.

Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para que no se puedan mantener e incluso incrementar las prestaciones sociales y tampoco para que un grupo de ciudadanos (por ejemplo los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida. El Estado es el primer socio, mediante impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la recaudación fiscal también debería aumentar.

La cuestión de las pensiones (al igual que con la sanidad, el seguro de desempleo o cualquier otra prestación social) hay que contemplarla en términos de distribución y no de carencia de recursos. El problema surge cuando la sociedad repudia los impuestos y las formaciones políticas son incapaces de combatir el fraude y acometer una verdadera reforma fiscal. Por una parte, el gasto público en pensiones en porcentaje del PIB se mantiene en España muy por debajo del de la mayoría de los países de la UE de los quince y, por otra, la presión fiscal de nuestro país es por lo menos seis puntos inferior a la media de la UE. No hay ninguna razón, por tanto, que justifique la afirmación de que el sistema público no se puede mantener o la pretensión de jibarizarlo eliminando la actualización anual de las pensiones al menos en el porcentaje al que se incrementa anualmente el IPC.

Prueba del desconcierto que rodea hoy el tema de las pensiones es la idea tan luminosa que, en su línea de despropósitos, acaba de poner sobre la mesa la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Pretende que se pueda cobrar la pensión completa y continuar trabajando con el mismo sueldo. Ha logrado aunar las protestas tanto de los empresarios como de los sindicatos. Es fruto de esa concepción que separa el gasto en pensiones del resto de las obligaciones del Estado. En un país con el mayor índice de paro de la Unión Europea se incentiva que se continúe trabajando una vez cumplida la edad de jubilación. Lo que se ahorra en pensiones habrá que gastarlo en seguro de desempleo. Pero es que, además, la medida propuesta tampoco ahorra en pensiones. En fin, un auténtico despropósito. La única lógica posible radica en que se esté pensando en reducir de tal modo las prestaciones por jubilación que todo el mundo por fuerza se vea obligado a continuar trabajando.

 

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